Lo revelador: Que la derecha defiende intereses que se contraponen a los de la gran mayoría de los chilenos

De todas las interpretaciones, comentarios y posibles lecturas que se puedan desprender del caso Penta, hay una muy interesante que no se puede obviar. Esta tiene su origen en el correo que le manda Carlos Eugenio Lavín a Ernesto Silva, Pdte. de la UDI donde, a propósito de la discusión de la Ley de Isapres, este se despide diciendo, “si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso veamos si se nos ocurre algo”.

Ignacio Moya, politólogo / ima@eanoticias.com
Ignacio Moya, politólogo / ima@eanoticias.com

El hecho que la UDI esté pasando por una crisis existencial, o que la senadora Von Baer sea una mentirosa, son datos del caso que, aunque relevantes, no apuntan a lo más importante. Lo medular del correo de Lavín no radica, tampoco, en la evidente complicidad “irregular” que existe entre lo que debería ser un representante del pueblo y un representante de un poderoso grupo económico. No. Lo realmente esclarecedor radica en que ese correo demuestra claramente  que los intereses de clase son reales y que existen.

Por un lado estamos la gran mayoría de los chilenos, que como ciudadanos queremos y exigimos ciertos derechos sociales básicos (salud, educación, pensiones, etc). Sin embargo, somos consumidores y clientes cautivos de un sistema de pensión (AFP) y de un sistema de salud (Isapres) que no cumplen con nuestras expectativas (aunque es necesario precisar que en el caso de las Isapres, los usuarios somos en realidad una minoría de los chilenos).

Por otro lado está el sector privado que, en la actualidad, es el proveedor principal de esos derechos. Y es justamente aquí donde surgen los problemas y conflictos. Mientras los ciudadanos queremos un acceso digno, eficiente, expedito y asegurado a esos derechos, el sector privado, por definición, busca maximizar sus ganancias y eliminar las perdidas. Nadie puede negar que cuando un inversionista privado abre un negocio las expectativas son recuperar la inversión y, ojalá, obtener las máximas ganancias (lucro) las que a su vez se justifican por el riesgo que el privado asumió al invertir en el negocio.

En concreto esto significa que si los ciudadanos queremos regular, controlar y supervisar por ejemplo, la industria de la salud en Chile, los empresarios se van a resistir. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Es casi evidente que no van a querer ser regulados ni van a querer que se les hagan exigencias que afecten sus ganancias.

Este es el conflicto esencial. Hay intereses contrapuestos. Los ciudadanos queremos acceso a servicios a bajo costo (y ojalá gratuitos) y el sector privado quiere hacer crecer sus negocios  y aumentar sus ganancias. Por eso ante cualquier amenaza a esos intereses, los privados se ponen en alerta y se movilizan para “ver si se nos ocurre algo.” Y se movilizan con la complicidad, en este caso, de la UDI. Juntos tratarán de, en palabras de Lavín, “hacer algo”, algo para resguardar y proteger sus inversiones aunque eso vaya en desmedro de los interese de la gran mayoría de los chilenos.

Esto es lo revelador del caso Penta. Que la derecha defiende intereses que se contraponen a los intereses de la gran mayoría de los chilenos. Aunque la UDI y la derecha en general (en este grupo es necesario incluir a Andrés Velasco) se presenten ante el país como defensores de la clase “media”, esta es una careta que gracias a este caso se les ha caído. Si los ciudadanos queremos hacer “algo” para cambiar o reformar el sistema de salud o pensiones, ellos (la derecha y los privados con intereses específicos) van a querer hacer “algo” para impedirlo. Están siempre atentos para ver qué medidas pueden tomar cada vez que sus intereses se ven amenazados.

Es por todo esto que sería una verdadera lástima que la UDI desapareciera o se viera reducida a una minoría insignificante solo por culpa del caso Penta. La UDI tendrá que, efectivamente, tomar medidas específicas y concretas con sus militantes que han quebrado la ley (por ejemplo, expulsándolos del partido). Eso es lo que corresponde. Pero ojalá que si la UDI sufre consecuencias electorales esto se deba no al caso Penta en específico sino a que la gran mayoría de los ciudadanos por fin nos dimos cuenta que ellos nunca nos han representado y por lo tanto simplemente no merecen nuestros votos.

EA/ima /

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