Ex intendenta Acuña: Gobierno de Piñera expande déficit de infraestructura

  • Por Gladys Acuña, ex intendenta regional Arica y Parinacota.
  • Por Juan Manuel Reveco, ex asesor seremi OO.PP. Arica y Parinacota.

Llevar adelante una política de obras públicas para una región como la de Arica y Parinacota, que tiene un importante déficit en materia de infraestructura -es decir, un fuerte distanciamiento entre sus necesidades inmediatas de infraestructura y la provisión efectiva (y de calidad) de la misma-, supone una disposición de máxima prioridad de sus autoridades con responsabilidades en infraestructura pública al “hacer”, al ejecutar, al construir con eficiencia y eficacia. En otros términos, la mejor política de infraestructura que pueda tener la región debe ser aquella que sostiene en el tiempo el impulso constructivo que traía el Plan Especial de Desarrollo de Arica y Parinacota, una política activa en favor de las obras públicas y no una política que desactive las obras públicas, ya que la infraestructura pública -como dice la CEPAL constituye una herramienta de alto impacto en la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo económico sostenido.

Al respecto, es cuestión de observar cómo los niveles de oferta de infraestructura se van incrementando tanto en calidad como en cantidad al acercarnos al centro político del país: autopistas urbanas, clínicas y hospitales de salud, embalses, carreteras, centros logísticos, etc.

Advertimos que como telón de fondo de nuestros comentarios hay tres hechos de la mayor significación política para la región: la controversial decisión del Ministerio de Obras Públicas de terminar anticipadamente contratos de obras emblemáticas (y un tercero en ciernes) que mostraban altos avances en su ejecución, que motivaron un cerrado rechazo ciudadano y de la oposición; la inconcebible reducción en $ 12 mil millones del presupuesto regional 2018 que permitió el increíble salto de un 54% de ejecución presupuestaria en noviembre a un 95% de ejecución presupuestaria en diciembre, demostrando que la gestión presupuestaria del Gobierno Regional ha sido la peor desde el nacimiento de la región; y el absurdo empecinamiento durante todos esos meses por perseguir profesionales y buscar en la cartera de proyectos fisuras que permitieran “construir” críticas para desacreditar la exitosa gestión en Obras Públicas del pasado gobierno de Bachelet.

Como resultado de estos diez primeros meses de gobierno: la ralentización absoluta de las obras públicas regionales; y el inminente y previsible cambio de la Intendenta Regional anunciada a través de El Mercurio.

Las razones que esgrimió el MOP para terminar anticipadamente los contratos del Centro de Salud Familiar Sur (CESFAM SUR) y el edificio de la ex Aduana demuestran impericia en la gestión de los contratos de obras públicas, ratificado con la paralización del Jardín Infantil del sector El Alto, especialmente cuando dichas decisiones comprometen el bienestar general de la población. La región y su población requieren de una potente y efectiva gestión en materia de obras públicas, que tenga un sostenido horizonte constructivo y que sea capaz de sortear las dificultades -por lo demás, normales- que cualquier contrato de obra pública pudiera mostrar en su ciclo vital.

Sin embargo, y lamentablemente, el resultado a la baja de esta gestión era de esperar considerando un conjunto de antecedentes que se remontan a marzo de 2018. En primer lugar, se reincidió con el nombramiento como Seremi de OO.PP. del mismo que durante el período marzo 2010 – marzo 2014 exhibió magros resultados al no poder resolver iniciativas claves para el desarrollo regional; quien solamente a punta de conservaciones viales sostuvo la ejecución presupuestaria. En segundo lugar, se desarticularon los equipos de trabajo preexistentes a través de la desvinculación, redistribución e instalación de “elementos de plena confianza” política sin expertise técnico ni capacidad de gestión en las distintas líneas de producción en materia de contratos de obra pública. En tercer lugar, ese ha procedido de forma sistemática y durante más de 6 meses, a la revisión (y desacreditación) de cada obra pública y contrato iniciado en el cuatrienio anterior, afectando la continuidad de estos, causando la desorientación de las empresas contratistas y el consecuente incremento sostenido de los costos fijos de operación que han llevado a un punto que a fines de 2018 estos mismos consideraron de “no retorno”. En cuarto lugar, se ha procedido con impericia al defender incrementos presupuestarios regionales durante el año (el presupuesto anual creció sólo en un 0,3% pero ejecutó menos), precisamente por disminuir la velocidad de las inversiones, al retrotraer iniciativas en ejecución a extensos y latos procesos de revisión. Por lo tanto, era evidente esperar un retroceso en la gestión de obras públicas de la región.

En efecto, teniendo presente lo anterior y considerando el reciente anuncio del Plan Regional de Arica y Parinacota 2018 – 2022, que implica US$ 4 mil millones de inversión en 8 años, cifra que contemplaría inversión pública y privada, la prospectiva es desalentadora. Si para este periodo de gobierno la cifra de inversión alcanzaría a los US$ 1.700 millones, desglosados en US$ 1.300 millones en inversión pública y US$ 400 millones de inversión privada, y teniendo en cuenta que la ejecución presupuestaria 2018 del Gobierno Regional ha sido la peor en términos históricos, podría estimarse inicialmente una inversión cercana a los US$ 240 millones ejecutada durante el 2018, lo que significa que los próximos 3 años se debiese invertir a una tasa de US$ 350 millones por año, esto es 1,5 veces el ritmo de inversión observado en los últimos años para alcanzar los US$ 1.700 millones de inversión pública comprometida al fin de este gobierno. A todas luces el cumplimiento del compromiso se torna extremadamente incierto.

Por otra parte, el MOP regional se ha dado maña para sostener que su ejecución presupuestaria 2018 superó al presupuesto asignado en $2.859 millones, esto es, habiéndose asignado $ 67.468 millones se terminó ejecutando $ 70.312 millones, lo que no es cierto, ya que el presupuesto inicial del MOP para la región el año 2018 era de $ 70.326,5 millones, por lo que la ejecución presupuestaria no creció, sino cayó en -0,02% equivalente a casi $ 14 millones ($13.965.000). El error se comete al no considerar en el presupuesto inicial las iniciativas de carácter interregional, y luego al final le incorpora a la ejecución del 31-12-2018 el mismo presupuesto interregional.

Es más, si observamos la evolución del presupuesto sectorial del MOP regional, veremos que mientras el 2016 alcanzaba los $ 78 mil millones, y en 2017 alcanzaba casi los $ 90 mil millones, para el año 2018 la ejecución bajó a $ 70 mil millones, lo que le ha implicado a la región una caída de casi un 21,5% solamente entre 2017 y 2018, esto es casi $ 20 mil millones menos para la región. Y todos los que conocen de ejecución presupuestaria saben que los recursos que no se gastan en la región, otra región los recibirá, y gustosa.

Por otra parte, al revisar con detención la ejecución por Servicio MOP, la distribución de la ejecución presupuestaria es la siguiente: claramente casi el 75% de la ejecución se debe a la Dirección de Vialidad (73,4%), seguido de la Dirección de Obras Hidráulicas con un 18% y Agua Potable Rural con un 7%.

Los servicios con menor ejecución y menor participación son la Dirección de Arquitectura, Obras Portuarias, Concesiones y la Dirección General de Aguas. Lo anterior es malo, dada la relevancia de sus obras en el desarrollo regional, afectando a los ejes de Patrimonio, Borde Costero, Aeropuerto de Chacalluta y Recursos Hídricos.

Respecto de la Dirección de Vialidad, del total del presupuesto ejecutado casi el 62% de éste corresponde a Conservación Vial; es decir, solamente un 38% corresponden a acciones de inversión, del cual casi un tercio corresponde a la obra Ruta 11 Ch, km 170 a 192.

En cuanto a los recursos FNDR administrados por el MOP, la ejecución 2018 fue de $ 6.900 millones, un -12,6% más bajo que el 2017 concentrado principalmente en la Dirección de Arquitectura y Obras Portuarias. Tanto Vialidad como Agua Potable Rural no ejecutaron iniciativas.

En lo que dice relación con las iniciativas financiadas con otros recursos, el MOP ejecutó dos obras: el Liceo A-1 Octavio Palma ($ 6 mil millones) y saldos del Complejo Penitenciario Femenino (por unos mil millones de pesos), ambas por mandato del Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia respectivamente.

De esta forma, se ejecutaron (y en menor ritmo) solamente obras de arrastre o iniciadas en el período de gobierno anterior.

Pero de los resultados no hay que extrañarse, ya que como se señaló, la estrategia para abordar las obras públicas en el MOP de Arica y Parinacota persiste en su fracaso, señal de nulo aprendizaje político de la derecha gobernante. De no mediar acciones correctivas y de cirugía mayor, lo que tendremos durante estos tres próximos años serán más conservaciones y obras de emergencia derivadas, por ejemplo, de las actuales lluvias que se han dejado caer sobre la región. A este respecto, claramente por la magnitud de los eventos que se han dejado sentir, el crecimiento del presupuesto y su ejecución 2019 superará con creces el ejecutado en 2018; sin embargo corresponderá a la reposición de las rutas, despeje de caminos, intensificación de defensas fluviales, reposición de sistemas de agua potable rural, y muchos otros servicios preexistentes que han quedado inutilizados. Lo anterior, y como reza el título de estas notas, corresponderá a recuperar en parte la brecha de infraestructura que existía antes de 2018; es decir, no podremos observar avances en el resto de los desafíos.

Sólo vale recordar que durante la gestión del MOP regional del primer gobierno de Piñera, proyectos emblemáticos (e históricos) como: la Catedral San Marcos, la ex Aduana, el CESFAM Sur, la ruta 11 Ch, el plan de embalses, el borde costero, la caleta pesquera, por nombrar sólo algunos, tuvieron un desastroso retraso y falta de dirección solamente comparable con el desafío de rescatarlos y llevarlos adelante durante el pasado gobierno de Bachelet. Respecto de la ruta 11 Ch, solamente recordar el legado de 1,5 kilómetros sin pavimentar de la ruta, con la que tuvieron que convivir durante más de 3 años los habitantes de Putre; sin mencionar el reguero de deudas dejadas por las consabidas liquidaciones anticipadas de contratos (materia de la cual parece saber mucho la actual administración). En este contexto, no es de extrañar que la gestión del contrato de obras del necesario Embalse Chironta empiece a extender ya su fecha de término y su presupuesto, argumentando los efectos de las lluvias estivales, lo que de ser así será señal de las endógenas debilidades que porta la actual administración de derecha.

Expuestos los hechos y al hacer un balance preliminar sobre el 2018, la evidencia anterior reafirma los resultados: menor ejecución presupuestaria, detención de proyectos con alto nivel de avance, desorientación en contratistas, impericia en la gestión de los contratos de obras, entre otras, y sobre todo, la renovación del diletantismo y la obstinación que el MOP regional ya mostró durante el primer gobierno de Piñera. La actual administración del MOP regional, al persistir en prácticas desacreditadas por sus resultados en el periodo marzo-2010/marzo-2014, no aprende ni quiere entender las causas de sus problemas. Así, se continuarán ralentizando las obras públicas, y la ejecución en muchas entrarán en crisis o se inmovilizarán. La solución de problemas fáciles se complicará y con frecuencia la Seremi de OO.PP. los terminará agravando.

Si las iniciativas que tan exitosamente se llevaron a cabo durante el Plan Especial de Zonas Extremas cumplieron con un rol dinamizador de la economía (el PIB de la construcción regional subió casi 5 puntos), no fue porque estuvieran exentas de problemas ni dificultades, sino porque existió no sólo una firme decisión de ejecutarlas, sino que también se respaldaba en equipos técnicos expertos que se involucraban activamente en destrabar las complejidades de las obras: estudios de impacto ambiental, viabilidad jurídica, participación ciudadana, intervenciones ante el Consejo de Monumentos, DIFROL, la Contraloría General de la República, etc. y el sinnúmero de requisitos que requiere actualmente el desarrollo de proyectos.

Y ahí ha radicado la principal diferencia: Gestión. La administración y gestión de contratos de obras no es equivalente a la evaluación social de proyectos, por lo que la autoridad -proveniente del MIDESO- confunde torpemente su rol al adoptar una actitud inquisidora y no una esencial proactividad, todo en función de miopes intereses políticos de corto plazo, en desmedro del desarrollo regional.

Como agravante de lo anterior, está el daño que en estos meses se le ha inferido al MOP regional tanto en su capital técnico como en su clima laboral, ambos requisitos indispensables para la ejecución eficiente y eficaz de sus tareas. La sensatez política indica que hay que detener la descapitalización técnica del MOP, la pérdida de su “memoria institucional” y el clima de “Guerra Fría” que nuevamente ha regresado a Obras Públicas.

Quizás si en vez de repetir con nombramientos que ya antes probaron no tener ni la aptitud ni el impulso para hacer de la importante cartera de Obras Públicas algo significativo para la región de Arica y Parinacota y su población, se hubiese puesto oídos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Arica, cuando en enero 2018 pedía “continuar” con el impulso constructivo que traía el Plan Especial de Desarrollo de Arica y Parinacota, privilegiándose la competencia, el criterio y la idoneidad de los equipos de trabajo y, por sobre todo, que las nuevas autoridades que asumieran las jefaturas de los servicios que proveen infraestructura pública regional fuesen de calidad, “intachables, con comprobada capacidad de gestión, sin conflictos de intereses, y que sepan cada detalle de la cartera que van a liderar”, los resultados podrían haber sido distintos, continuándose así con el ciclo virtuoso que inauguró el Plan Especial de Desarrollo de Arica y Parinacota.

Ahora bien, no esperamos cambios de rumbo en el MOP de Arica y Parinacota, por el contrario, solo autocomplacencia, y fieles al avestruz que esconde la cabeza, quienes actualmente lo dirigen se niegan a ver los hechos más evidentes, reemplazando el sano análisis de sus mediocres resultados por malas y escapistas excusas que atribuyen al “gobierno anterior” estar detrás de los malos rendimientos, lo que a estas alturas es una tesis indefendible, en realidad, más cercana a un delirio. Sin embargo, de concretarse el nombramiento de un nuevo Intendente Regional –y si acaso tiene perspicacia política– tendrá en sus manos la responsabilidad de reconducir la débil impronta que hoy luce dicho Ministerio, para terminar con los pretextos y con el escuálido cuadro que muestra, y hacer del Ministerio de Obras Públicas un verdadero y efectivo agente de desarrollo regional.

Claramente se requiere un cambio que permita dar un enfoque técnico, de resolución de conflictos y de proactiva administración en la gestión de contratos de obra pública que permita volver a poner en marcha los motores de la ejecución de obras, luego del intempestivo frenazo del año 2018.

EA/

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