Funcionario de Seremi de Educación principal sospechoso de hurto de pcs

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI detuvo por el delito de hurto agravado a un funcionario de la Seremi de Educación de Arica y Parinacota, sindicado como el principal sospechoso de la sustracción de equipos computacionales desde ese servicio.

Tras amplias indagatorias llevadas a cabo en coordinación con la Fiscalía, los detectives pusieron este viernes al imputado a disposición del Juzgado de Garantía de Arica, luego de ubicar, en distintos domicilios de la ciudad, tres computadoras que habían desaparecido hace meses, además de un teléfono móvil, también de propiedad fiscal.

Fuera del empleado público, esta diligencia culminó con cuatro detenidos más, tres de los cuales fueron formalizados el jueves recién pasado por el delito de receptación. El cuarto implicado quedó a la espera de ser citado a declarar ante la Fiscalía.

El funcionario detenido, iniciales M.A.L.A., de 44 años, se desempeñaba en una oficina de enlace de la Seremi de Educación ubicada en la localidad de Putre.

El jefe de la Biro Arica, subprefecto Claudio Aburto, indicó que se deberá esclarecer con qué objetivo los aparatos habían sido sustraídos, sin embargo, precisó que se recabaron los medios de prueba suficientes para acreditar la participación del empleado.

Asimismo, será parte de las indagatorias establecer si al momento de su desaparición, los computadores contenían datos relacionados con el trabajo del Ministerio de Educación, no obstante ello, se corroboró que éstos fueron formateados por sus portadores finales.

Los detectives de la Biro pudieron dar con los computadores robados, gracias a un trabajo colaborativo con la empresa canadiense “Absolute”, propietaria de un sofisticado sistema de rastreo para aparatos tecnológicos.

En cuanto a la periodicidad de este tipo de ilícitos, el subprefecto Aburto señaló que se trata de “un delito bastante común, no así el lugar donde ocurrieron los hechos”.

La desaparición de equipos computacionales desde la Seremi de Educación dio origen a una denuncia que derivó en una amplia investigación desarrollada desde hace unos meses por la PDI, preciso el oficial especialista en delitos contra la propiedad.

En tribunales, se otorgó un plazo de cierre de la investigación de 60 días para este caso y se decretó la medida cautelar de firma mensual para todos los implicados. En tanto, el funcionario público quedó, además, con prohibición de acercarse a las dependencias de la repartición estatal afectada.

EA

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