El 2015 hubo 45 personas en prisión preventiva y eran inocentes, asegura defensor regional

“El 2015 hubo 45 casos donde los detenidos eran inocentes, son una deuda que tenemos como sociedad”, señaló el Defensor Regional Claudio Gálvez, en el auditorio de la Contraloría donde se realizó el balance regional de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota correspondiente al año recién pasado.  

En la ceremonia participaron el Defensor Nacional, Andrés Mahnke; la intendenta regional, Gladys Acuña; el gobernador, Ricardo Sanzana; el seremi de Justicia, Leonel Huerta; la presidenta (S) de la Corte de Apelaciones, María Verónica Quiroz, y los ministros Pablo Zavala y Mauricio Silva, de la Corte de Apelaciones,

En su presentación, Gálvez destacó la gestión institucional de 2015 y se refirió particularmente a los resultados de personas inocentes o no condenadas.

Según explicó, de un total de 5 mil 672 imputados atendidos el año pasado en la región, 634 fueron declarados inocentes o no condenados, y de ello 45 estuvieron en prisión preventiva durante parte o el total de la investigación, pese a su inocencia. A nivel nacional, en tanto, fueron 47mil 279 las personas declaradas inocentes o no condenadas y de ellas 2 mil 650 estuvieron en prisión preventiva.

“En cuanto a errores del sistema se refiere, esas 45 personas en Arica son una deuda que tenemos como sociedad, de poder ir mejorando nuestros procedimientos, entendiendo de qué se tratan los derechos de las personas y entendiendo por qué tener a alguien preso es tan delicado y sólo puede ser la última opción que el sistema considere”, dijo Gálvez.

El Defensor Nacional, en tanto, comentó la importancia de visitar la región y acompañar la gestión institucional en esa zona del país. También destacó la labor de defensa, desplegada tanto para inocentes como para culpables de algún delito.

“Nuestro trabajo está en defender a personas que son inocentes y que hay muchas, más de 2 mil 600 a nivel nacional con prisión preventiva, pero también al reincidente que tiene características completamente distintas, con otras carencias. Las personas que atendemos necesitan al Estado al cien por ciento, y si sólo lo vamos a sancionar y castigar, seguramente no vamos a ayudar a que esta sociedad tenga un fortalecimiento y paz social mayor de la que tenemos hoy. Tampoco a que el sistema de justicia penal incida en la eliminación de la delincuencia”, señaló Andrés Mahnke.

Durante la presentación se quiso demostrar -a través de casos reales de ariqueños y extranjeros inocentes que estuvieron presos por un delito que no cometieron- la importancia de la labor de la institución y la relevancia de los diversos tipos de defensa especializada que se entregan.

El caso del ciudadano peruano Alfredo Apaza fue unos de los más destacados, pues pasó casi nueve meses en prisión preventiva, tras ser acusado del delito de tráfico de drogas, por el que arriesgaba una pena de siete años de cárcel. Ello, sólo por el hecho de contratar un servicio de taxi desde Tacna (Perú) hasta Arica (Chile), sin saber que el vehículo que lo trasportaba traía en el ducto de ventilación nueve paquetes con diez kilos de droga.

“Estos son los casos donde se muestran con mayor dramatismo no sólo los errores del sistema, porque no solamente ellos estuvieron presos siendo inocentes durante toda o parte de la investigación, sino que además después que son declarados inocentes, ese tiempo que estuvieron presos no se les devuelve, ni se los indemniza nadie”, destacó el Defensor Regional.

Durante la exposición de estas cifras y casos, Gálvez destacó también la labor de los diversos modelos institucionales de defensa especializada, que han ayudado a que la Defensoría entregue un mejor servicio a la comunidad, especialmente a través de la defensa de migrantes y extranjeros en el caso de Arica.

En el caso de Arica y Parinacota, este modelo permitió atender a 610 usuarios de diversos países (11,7 por ciento del total de atenciones de 2015), grupo en que la comunidad peruana alcanzo el índice más alto de atención con 328 personas (53,8 del total de extranjeros), seguida por la comunidad boliviana, con 167 atenciones (27,4 por ciento) y la colombiana, con 78 personas (12,8 por ciento).

Los defensores públicos atendieron también a mil 145 indígenas a través de otro modelo institucional especializado, lo que implicó 22 por ciento del total de atenciones de 2015. En defensa penal juvenil, en tanto, se atendió a 290 jóvenes de entre 14 y 18 años (5,6 por ciento), con defensores y profesionales especializados.

Claudio Gálvez destacó la defensa de género y explicó que en 2015 fueron atendidas 888 mujeres imputadas (17 por ciento), con énfasis especial a privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de un año. Por último, el Defensor Regional destacó el nuevo modelo de defensa penitenciaria, que sumó 545 atenciones el año pasado (34 por ciento), a 123 extranjeros (23 por ciento) y 422 chilenos (77 por ciento).

Por su parte, la intendente, Gladys Acuña, destacó el balance institucional, en que quedó en evidencia que los principales delitos atendidos por la Defensoría, con el 22,2 por ciento de los ingresos, fueron los de la Ley de Tránsito (manejo en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol, principalmente), los de la Ley de Drogas (13,4 por ciento), las lesiones (11,8 por ciento) y las amenazas (6,9 por ciento). La autoridad regional destacó, además, la importancia que tiene la presencia de una autoridad nacional, en este caso el Defensor Nacional, lo que demuestra la descentralización de los servicios.

“Hemos escuchado números interesantes de la Defensoría Penal Pública, que tiene como finalidad neta la defensa de personas, pero que también genera una labor y empuje importante a aquellas personas que se encuentran injustamente privadas de libertad. También nos ha dejado muchos desafíos a distintas autoridades del gobierno regional, que nosotros con mucho gusto recogemos y lo haremos propio en nuestra labor como funcionarios públicos”, señaló.

El Defensor Nacional se refirió también a la importancia de que una institución de derecho como la Defensoría posea autonomía, y comentó cómo se espera lograr este objetivo.

“Esta es la primera vez, después de 15 años, que un gobierno comparte con nosotros esta visión, la cual viene de la ciudadanía, que está demandando que las instituciones públicas que defienden derechos posean absoluta independencia -en momentos donde existe desconfianza o se duda de la legitimidad de las instituciones- y ya estamos con la última versión del anteproyecto en el Ministerio de Justicia y esperamos que este año ingrese al parlamento”, concluyó.

A la cuenta concurrieron también representantes de diversos grupos sociales, como la colonia colombiana, la agrupación de usuarios de cannabis como uso medicinal, presidentes de juntas de vecinos y líderes indígenas, entre otros.

EA

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