Fiscalía de Arica se acerca a formalizar a imputados por irregularidades en Sence

5 de Octubre de 2015. La Contraloría General de la República emana un informe por supuestas irregularidades al interior del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en la región de Arica y Parinacota.

La historia se remonta a una denuncia por “eventuales irregularidades en los programas de generación de empleo ejecutados por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo” de la XV Región, organismo cuya jefatura ejercía Evelyn Müller Jara, actual secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Puerta Norte del país.

La Contraloría recibió los antecedentes y evacuó el informe de investigación especial número 852/2015, luego de una acabada indagación entre los involucrados.

Con fecha 5 de octubre de 2015, el informe fue hecho público y enviado al Sence, recomendando que “adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas”, consistentes en un “procedimiento disciplinario ordenado instruir a la entidad”, documento firmado por Erwin Cares Vásquez, Jefe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.

La denuncia solicitaba investigar “eventuales irregularidades en los programas de generación de empleo ejecutados” del Sence, donde “se habrían vulnerado tanto los protocolos de ingreso como los requisitos para acceder a los programas de generación de empleo, al exigir la incorporación al padrón de un determinado partido político (el partido Socialista), como condición para acceder en carácter de beneficiario a los referidos programas”.

Lo anterior con el objetivo de apoyar la candidatura de la señora Evelyn Müller Jara, directora regional del SENCE a la época de la denuncia, en las elecciones internas de esa colectividad”, apuntó el texto. Los comicios del PS fueron en abril de 2015.

La presentación incluye “un listado de 37 personas, de las que se indica en la mayoría de ellas habrían ingresado al correspondiente partido en el año 2014, y al mismo tiempo a los referidos programas, además de otra lista con 43 militantes de la aludida asociación política los cuales, si bien no son beneficiarios del programa, familiares de estos se habrían incorporado a los mismos”.

En lo particular, la Contraloría recuerda que el artículo 8º de la Constitución Política del Estado “prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa” y que el artículo 52 de la ley Nº 18.575 aporta que el funcionario del Estado debe tener “una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo (…) y su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinan la Constitución y las leyes”.

Si bien respecto de la exigencia de pertenecer a una colectividad política para acceder a los programas, la Contraloría indica que “no fue posible formarse convicción de los hechos descritos por el recurrente, debiendo desestimarse en esta oportunidad lo denunciado”, respecto de la validación de los requisitos se comprobó que en “8 casos en los que no se contaba con el certificado vigente de la ficha de protección social, 4 personas que no presentaron declaración jurada simple que acreditara que no percibían ingresos por concepto de una o más pensiones, 4 sin el certificado de afiliación vigente, emitidos por la Superintendencia de Pensiones y/o certificado de cotizaciones previsionales, 2 sin la inscripción vigente de la respectiva oficina municipal de información laboral, y 10 casos que carecían de dos o más antecedentes”, por lo que se asignaron recursos sin cumplir la normativa vigente.

Requerido el Sence para subsanar las irregularidades consignadas, la dirección regional -concluye la investigación- “no aportó nuevos antecedentes que permitieran subsanar las observaciones planteadas, por lo cual estas se mantienen”.

En un tono más enérgico, el organismo contralor conmina a que el servicio “deberá acreditar” que los favorecidos “cumplían con los requisitos para acceder a la calidad de beneficiario” y que en lo sucesivo “deberá adoptar las medidas tendientes” para que ello no vuelva a pasar.

Además, el informe indica que Sence Arica y Parinacota “deberá instruir un procedimiento disciplinario a objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que aparezcan involucrados en los hechos descritos”, lo que debía hacer 15 días después de la recepción del citado documento, lo que hasta ahora, al menos de conocimiento público, no ha sucedido.

Pues bien, el consejero regional Mauricio Paredes, uno de los denunciantes,  ratificó a este medio que “yo puedo dar fe que el tema está siendo investigado, por un equipo de la PDI extraordinario”.

Yo fui a declarar y la Fiscalía tiene antecedentes claros que ella (Müller) utilizó su cargo para beneficio personal y para pisotear la dignidad de la gente. Creen que los cargos son un botín de guerra, donde ellos podían hacer y deshacer con los cargos en beneficio propio”, enfatizó.

Es más, Paredes fue duro con la designación de Müller Jara como seremi de Vivienda, cargo que asumió el 21 de septiembre de 2015, pese a que Sence recibió un preinforme con los antecedentes el 8 del mismo mes: “es impresentable que una persona que está cuestionada por la Contraloría, donde se comprobó fehacientemente las truculencias que hacía, se le premie y la pongan como jefa de Vivienda. Esa persona tiene que irse de ese cargo. Voy a hacer lo humanamente posible para que sí ocurra y de una vez por todas terminemos con la corrupción en esta ciudad, o vamos a terminar como México, como Colombia u otros países latinoamericanos, donde ya la corrupción y la delincuencia no la pueden parar”.

Incluso, Mauricio Paredes no se queda y reflota la arista política contra Evelyn Müller. “72 personas que en la mañana ingresan al partido Socialista y en la tarde al Sence, una vergüenza para el pueblo socialista. Una vergüenza tener gente de esa calaña incrustada en el partido Socialista, pisoteando la dignidad de la gente, jugando con la necesidad, el hambre de la gente para un beneficio personal”, apuntó.

Según fuentes al interior del propio Gobierno consultadas por El Ariqueño, la Fiscalía de Arica trabaja para formalizar a los imputados, uno de cuyos cargos sería fraude al Fisco, por los dineros involucrados y transferidos por el Estado de Chile. El tema tiene incómodo a las autoridades locales, pues podrían ver caer a una de sus seremis más nuevas y con fuertes lazos con el partido Socialista local, dominante en el ámbito regional.

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