Presentan acusación constitucional contra Ministro Carreño

Encabezados por los diputados Rocafull y Saffirio, once legisladores  presentaron hoy la acusación constitucional contra el Ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño por el caso  Sename

A las 10, 45 horas de ayer se presentó a los medios de comunicación la acusación constitucional en contra del Ministro de la Corte Suprema, encargado de los temas de familia, Héctor Carreño, firmada por los diputados DC René Saffirio, Ricardo Rincón, Iván Flores y Yasna Provoste; la diputada Andrea Molina (UDI), Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, ambos del PPD; Alejandra Sepúlveda (Indep.), y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull. El libelo busca la destitución del ministro por hechos vinculados a vulneración de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes en resguardo en hogares del Sename.

La acusación surge de las conclusiones del informe de la comisión que investigó los casos de vulneración de derechos de menores en hogares del Sename; conclusiones aprobadas por la Cámara y que, en lo medular, apuntaron a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe –elaborado por el poder judicial y por la Unicef- donde se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes en reguardo de los hogares del Sename.

El diputado Luis Rocafull (PS), respaldó la acusación basado según dijo en que  los datos  conocimos  en el informe sobre el proceder del Sename, se establece claramente que se vulneraron los derechos de más de 15 mil niños. Precisó que “hay casos graves donde los niños son separados de sus familias y viven situaciones realmente crueles, y se ve como el poder judicial permanece indiferente, pese a que se designó al ministro Carreño precisamente para solucionar esta situación. Debemos recordar que incluso la asociación de magistrados de San Miguel se quejó por el actuar de este juez. Esta situación ratifica que esta Acusación Constitucional va por el camino correcto”, señaló el parlamentario socialista.

En tanto el diputado DC, René Saffirio, coordinador de esta acusación y quien fuera presidente de la comisión investigadora Sename, señaló que la causal de “notable abandono de deberes” es la que “mejor refleja las acciones y omisiones detectadas en el ministro”, agregando que “ustedes comprenderán que estamos hablando de 15 mil niños aproximadamente, porque ni siquiera el Sename sabe cuántos niños son, son 15 mil niños que han sufrido toda clase de vejaciones. Estos son niños, niñas y adolescente, que no tienen voz, que son invisibles para el estado y la sociedad chilena;  el estado chileno tienen una deuda con estos niños y sus familias. Hay niños que han sido testigos de violaciones en las propias habitaciones de recintos del Sename, hay niñas, hay adolescentes que han sido utilizadas como prostitutas en recintos del norte de nuestro país, hay niños que han sido golpeados, hay niños que no tienen alimentación suficiente, que no tienen camas, que se separan de sus hermanos, se les interna en recintos distantes de más  de 100 o 200 kilómetros, hay familias destruidas porque sus niños han sido internados no por tener un problema parental, sino por razones de pobreza, y cito como ejemplo el que hay niños del Sename que no están allí a partir de una medida de protección dictada por un juez”.

Saffirio agregó que “el país tiene que sensibilizarse frente a esta situación, toda la información, el enorme caudal de información del que ustedes fueron testigos, y que el país ha ido conociendo gradualmente durante los últimos meses está contenido en esta acusación, nosotros no podemos como un poder del Estado ignorar estos hechos y mirar para el lado “.

El diputado René Saffirio agregó que “también hemos tomado la decisión de pedirle al presidente de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que cite con carácter de urgente tanto al ministro de justicia, José Antonio Gómez, como a la Directora Nacional del Sename, Marcela Labraña, para que expliquen a la comisión qué medidas se ha adoptado desde que se presentó el informe de la Comisión Investigadora y hoy para garantizarnos que los abusos que se comenten en perjuicio de estos niños, no se están cometiendo hoy día, tal como se comprometió el Ministro de Justicia en esta misma Cámara en la sesión donde se aprobó por unanimidad el informe de la comisión investigadora”.

¿Cómo comenzó la acusación?

El primero capítulo de la acusación señala que Carreño no cumplió “con los deberes encomendados” como “responsable de la unidad de apoyo a la reforma de la justicia de familia”. Y añade que se abocó a “tareas que exceden las funciones para las que fue nombrado sin apego estricto a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, abusando de su posición de superior jerárquico y atendiendo a intereses individuales o de un determinado grupo, y no en servicio de la persona o en razón de lo que es mejor para la comunidad”.

Luego, en el capítulo dos, se indica que el ministro “vulneró” sistemáticamente y de forma “grave los derechos fundamentales de las personas en causas de violencia intrafamiliar” desde 2008.

En el capítulo tres se indica: “La conducta del ministro ante la evidencia de malas prácticas de la justicia de familia en la tramitación de las causas de protección de niños, niñas y adolescentes que en el orden judicial se encuentran viviendo dentro del sistema de protección del Estado. Se habla de vulneraciones de los derechos de los niños y ante la situación de riesgo en que estos fueron encontrados dentro del sistema de protección estatal detectadas en estudios realizados entre el propio Poder Judicial y la Unicef”.

Por último, se realizó el sorteo para constituir la comisión de cinco diputados que integrará la instancia que estudiará la admisibilidad del libelo: tres  parlamentarios de la UDI y dos de RN. Se trata de José Manuel Edwards (RN), Javier Macaya (UDI), Arturo Squella (UDI), Patricio Melero (UDI) y René Manuel García (RN).  El Reglamento de la Cámara de Diputados dispone un plazo de 3 días para notificar al ministro Carreño. Posteriormente, éste tendrá 10 días para concurrir a la Comisión a presentar su defensa o enviarla por escrito. Luego, la Comisión tendrá 6 días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse a favor o en contra.

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