Gendarmería e Intendencia firman convenio para reinserción a través de trabajos comunitarios

Lograr una mayor cantidad de plazas mensuales de colocación para las personas que deben cumplir su condena, a través de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad; pena que busca retribuir a la sociedad el daño ocasionado por el penado, es el propósito del convenio de colaboración entre la Intendencia y Gendarmería de Chile.

El acuerdo fue protocolizado por la intendenta Gladys Acuña Rosales y el director regional, coronel Juan José Navarrete Gamboa, en la Escuela D-11 “Manuel Rodríguez Erdoyza”.

La máxima autoridad de la región destacó la iniciativa, que tiene por finalidad que personas cumplan sus penas con trabajos no remunerados en favor de la comunidad, resaltado en este convenio entre Gendarmería y la Intendencia a través del programa de Seguridad Ciudadana.

“Vemos en este colegio los beneficios que ha reportado a la comunidad educativa en un ambiente de respeto recíproco  y de reinserción como lo señala el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet,  y también una oportunidad para abordar las demandas que nos hace la ciudadanía a través de la difusión de material de prevención del delito; como asimismo las solicitudes que levantan en las jornadas de ‘Tu Barrio Me Importa”.

Por su parte, el director regional de Gendarmería de Chile, coronel Juan José Navarrete Gamboa manifestó que “para nosotros y en representación del Director Nacional y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  estamos bastantes contentos con este convenio, donde se abren más plazas para que los usuarios que tienen condenas menores a 300 días o con multas, tengan la oportunidad de poder contribuir con la región, específicamente con Arica, cumpliendo sus condenas en oportunidades laborales que se dan en la región”.

Asimismo, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Leonel Huerta Fernández expresó que “la verdad que uno de los mandatos de la Presidenta Michelle Bachelet respecto a la reinserción también tiene que ver cómo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se vuelca hacia la comunidad y esta Prestación de Servicios hacia la comunidad, es el reflejo de cómo trascendemos y llegamos a la comunidad”.

En tanto, la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Amanda Sotomayor Pereira dijo que  “justamente de eso se trata, creemos en la reinserción y que nos ayuden personas que están cumpliendo penas menores en trabajos comunitarios, sobre todo en lo que tiene que ver con prevenir el delito y promover el autocuidado de personas y barrios. Además las personas que están cumpliendo penas de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, nos pueden ayudar a recuperar espacios comunitarios como una forma también de prevenir el delito”.

Una de las instituciones que ha recibido usuarios que cumplen su condena a través de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, es la Escuela D-11 “Manuel Rodríguez Erdoyza”, cuya directora Rosa López  indicó que “como directora de la escuela, estamos felices y contentos porque hemos visto muchos beneficios. Hemos aprovechado esta instancia donde han enviado personas que han realizado un trabajo espectacular, como pintura, trabajos de soldadura, reciclaje de mobiliario y siempre están disponibles al 100% al trabajo”.

 

A nivel regional

Desde diciembre del 2013 hasta el 30 de junio de este año, en la región de Arica y Parinacota, un total de 270 personas han cumplido su pena a través de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.

Con la firma de este convenio, ya son 19 instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, que están aportando con más plazas para la incorporación de usuarios, usuarias y desarrollen trabajos comunitarios como la mantención de áreas verdes, hermoseamiento de espacios, pintura, aseo, gasfitería, electricidad, soldadura, trabajos administrativos, entre otro ámbitos.

La Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), es una pena sustitutiva, contenida en la ley 18.216, que modificó la ley 20.603 sobre medidas alternativas a la reclusión.

Es un tipo de condena o pena, dictaminada por un tribunal, que consiste en la realización de actividades no remuneradas en beneficio de la comunidad, coordinadas por un delegado (profesional de las ciencias sociales acreditado por el Ministerio de Justicia) de Gendarmería de Chile.

Su duración será claramente determinada por los Tribunales, limitándose en su cumplimiento a un mínimo de 2 horas diarias y con un máximo de 8 horas diarias, en jornadas diurnas, vespertinas y/o de fin de semana.

Para el cumplimiento de dicha pena, se establecen convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, con quienes se determina la cantidad de plazas, para recibir a las personas que cumplirán su condena a través de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC).

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