La Toma: Los ex presos políticos buscan una solución a sus problemas, pero aún no son escuchados por el gobierno.

Ex presos políticos se toman oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos

Emilio llega ya a los 70 años de edad y por secuelas de antiguas dolencias cojea severamente, usa bastón pero aún así subió diez pisos para solidarizar con sus compañeros de la Agrupación de Ex- Presos Políticos. Esto ocurre en Arica en las oficinas de Instituto Nacional de Derechos Humanos(INDH), ubicado en el edificio Empresarial.

Pero esta historia se repite en otras cinco ciudades, incluyendo Santiago y hasta Puerto Montt: son grupos de chilenos que exigen ser escuchados por el Gobierno que preside la hija de quien sería – si hubiera sobrevivido a la dictadura militar – un socio destacado de su Agrupación, el padre de la actual mandataria Michelle Bachelet

Tras cinco meses de participar en lo que califican un estancado diálogo con el Poder Ejecutivo, hoy señalan que “hemos decidido que esta toma sea permanente e indefinida, debido a la falta de compromiso del gobierno ante nuestro petitorio de reparación y justicia”. Son las palabras de Nelson Flores, quien preside a los manifestantes de Arica es corroborada con gestos por los otros nueve ocupantes de las oficinas del instituto, los que se van turnando con otros diez integrantes para mantener su presencia como forma de presión al gobierno para que avancen las conversaciones. En Arica hay alrededor de 400 hombres y mujeres que sufrieron prisión política desde el año 1973.

“Sentimos el abandono de los partidos de la Nueva Mayoría, en los cuales un día militamos, y vemos que se olvidaron de las luchas que miles de compañeros dieron por retomar el sistema democrático”, declara el dirigente antes de remarcar los principales puntos que conversan con el gobierno:

Fin a los cincuenta años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura.

Calificación permanente de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos.

No aceptar los antecedentes anti judiciales por parte de la ex dictadura cívico militar.

Cumplir la propuesta sobre vivienda, salud, programa Prais y listas de espera.

Que los logros se hereden, sin discriminación de género en los beneficios que se acuerden con el Estado.

Y, principalmente, que se cumpla la homologación de las reparaciones.

El grupo se siente objeto de una injusticia mayúscula, irritante e ingrata. A pesar de eso, durante la vigilia no pueden sacar de sus conversaciones las anécdotas del tiempo que pasaron en las prisiones militares y de las escaramuzas vividas durante la recuperación de la democracia.

Pero también recuerdan que desde la transición de los años 90 sienten que la clase política, aquella que recibió el control de la nueva democracia,  quiere olvidarse de ellos.

Pero como no están dispuestos – una vez más – a rendirse, seguirán subiendo los diez pisos hasta “la toma”, como lo hace diariamente Emilio, uno de los más fogueados del grupo de veteranos que sigue en la lucha contra la injusticia hacia quienes fueron presos políticos. Y ahora son “olvidados políticos”.

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